El Ayuntamiento de Madrid ha presentado el proyecto definitivo de la nueva ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas, aprobado por la Junta de Gobierno, y al que sólo le queda el trámite de la ratificación en el Pleno de marzo. Cuando entre en vigor bastará una declaración responsable para emprender un negocio en Madrid.
Con esta ordenanza se busca, en palabras de Ana Botella, «el impulso y el fomento de la actividad económica, y por tanto la creación de empleo, a través de la simplificación de procedimientos administrativos y urbanísticos y de la eliminación de trabas administrativas».
La simplificación de procedimientos sujetos a intervención municipal se ejemplariza al pasar de los cinco que regulaba la OGLUA a dos. Son la declaración responsable y el procedimiento de licencia, con la opción que asiste al ciudadano de acudir voluntariamente a una entidad privada colaboradora, la ECLU, para tramitar su solicitud o acudir directamente al Ayuntamiento de Madrid.
«El coste será menor si va al Ayuntamiento que si va a la entidad colaboradora porque se ahorrará ese último precio», ha razonado la alcaldesa.
En este sentido, el portavoz del Gobierno municipal, Enrique Núñez, ha destacado que la función de las ECLU, a partir de ahora, tendrán una «función de colaboración desde la opcionalidad de los ciudadanos, desde la voluntariedad de prestar servicios para tramitar licencias».
Para explicar ha puesto el ejemplo del carné de conducir, que se puede tramitar acudiendo a la Jefatura Provincial de Tráfico o a una gestoría ya que el resultado es el mismo. «Al final es la Administración la que otorga la licencia», ha zanjado.
La declaración responsable pasa a ser el medio de intervención administrativa general, facilitando que el ciudadano pueda comenzar el ejercicio de su actividad con la mera presentación de la declaración responsable y sometiendo esa actividad ya instalada al posterior control municipal. El procedimiento de licencia queda reservado para reducidos supuestos en que esté justificada su exigencia por razones de seguridad, salud pública o protección del medio ambiente.
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